Especialistas en la defensa técnica de delitos de tráfico. Actuamos con urgencia para proteger tus derechos y minimizar consecuencias penales.
Santiago Giménez Olavarriaga
Letrado Director ICAB 31389
Defensa Premium desde 980€ (IVA y Procurador incluidos). Sistema de pago seguro tipo Booking: el dinero se retiene y solo se libera tras el juicio. Financiación a 12 meses.
Garantizamos su defensa penal integral por un precio cerrado desde 980€, que incluye honorarios de abogado, IVA y procurador. Utilizamos un sistema de depósito seguro donde el pago se custodia y solo se libera al finalizar el procedimiento judicial, ofreciendo máxima transparencia y financiación flexible hasta doce meses.
Ofrecemos asistencia legal urgente 24h en toda el área metropolitana y municipios de Cataluña. Seleccione la especialidad y busque su localidad para acceder a la página de su juzgado competente.
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La dirección jurídica de la plataforma está a cargo del letrado Santiago Giménez Olavarriaga, especialista en seguridad vial y alcoholemias. Ejerce la defensa directa ante tribunales penales, coordinando la estrategia procesal y garantizando una asistencia inmediata y presencial de urgencia las veinticuatro horas del día en comisarías.
Abogado Colegiado ICAB 31.389
Plataforma autorizada y colegiada para el ejercicio del derecho penal y de seguridad vial en toda la provincia de Barcelona.
Resolvemos de forma transparente sus dudas sobre la defensa penal en delitos contra la seguridad vial, costes, honorarios, cobertura geográfica y procedimiento legal ante los Juzgados de Instrucción.
El precio base es cerrado: 980 € (IVA y Procurador de los Tribunales incluidos). Es el importe de los supuestos ordinarios; si el caso requiere más trabajo (por ejemplo, accidente con heridos, tramitación como juicio ordinario o interposición de recursos), el coste puede incrementarse, y siempre te lo comunicamos por escrito y por adelantado, sin cargos ocultos. Ofrecemos facilidades de pago.
Incluye los honorarios completos del abogado penalista especialista en seguridad vial, los derechos de representación del Procurador de los Tribunales, el 21% de IVA y toda la gestión administrativa del procedimiento urgente de guardia.
Sí, dispones de facilidades de financiación inmediata hasta en 12 meses. En caso de que la operación de financiación sea rechazada, aplicamos nuestro protocolo de salvamento 60/40: un 60% inicial para bloquear y activar el servicio urgente y el 40% restante a los 30 días.
Disponemos de un servicio de guardia 24/7. Tras activar tu solicitud, el protocolo de respuesta rápida garantiza que un abogado especialista te contactará en menos de 2 horas en horario laboral, o antes de las 9:00 del mismo día si el incidente ocurre durante la madrugada.
Prestamos asistencia presencial de urgencia in situ en los 129 municipios y ante los órganos de guardia de los 25 partidos judiciales de la provincia de Barcelona, incluyendo la Ciutat de la Justícia, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa y Rubí.
Somos una firma jurídica colegiada dirigida por el letrado ejerciente Santiago Giménez Olavarriaga (colegiado ICAB nº 31.389). El pago de los honorarios queda retenido de forma segura en custodia y solo se libera ante el abogado asignado tras la celebración efectiva del juicio, garantizando el reembolso íntegro si no comparece.
La negativa a someterse a las pruebas de detección es un delito autónomo de desobediencia grave (artículo 383 del Código Penal). Conlleva de forma obligatoria penas de prisión de 6 a 12 meses y la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años, una sanción penal significativamente más severa que la del propio positivo de alcoholemia ordinario.
No de forma automática. La detección de sustancias en saliva acredita únicamente presencia, pero no influencia. Para que concurra delito penal, el atestado policial debe detallar síntomas objetivos de afectación psicológica o motora en la conducción. De lo contrario, se tramita como una infracción administrativa con multa de 1.000 € y detracción de 6 puntos. Autoridad Legal impugna de forma sistemática los atestados que equiparan la mera presencia residual con la influencia.
Se considera delito (artículo 379.1 del Código Penal) cuando el conductor excede el límite permitido en más de 60 km/h en vías urbanas o en más de 80 km/h en carreteras interurbanas. Cualquier exceso por debajo de estos umbrales objetivos se sanciona exclusivamente por vía administrativa ordinaria.
Es un delito penal contra la seguridad vial (artículo 384 del Código Penal) conducir tras haber perdido la totalidad del saldo de puntos de la DGT, por estar privado de licencia por mandamiento judicial, o por no haber obtenido jamás el carné. No obstante, circular con el permiso caducado por falta de renovación psicotécnica o poseer una licencia extranjera pendiente de homologar administrativa constituye únicamente una infracción de tráfico común.
No. La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor impuesta en sentencia judicial firme es continua, absoluta e ininterrumpida las 24 horas del día. El ordenamiento penal español prohíbe de forma taxativa conceder licencias parciales o exenciones temporales para el ejercicio de actividades laborales o de reparto. Dado que perder el permiso habilita a la empresa a un despido objetivo procedente, nuestra firma prioriza la estrategia de 'compra de tiempo' rechazando la conformidad para retrasar la firmeza del carné de 6 a 18 meses.