Abogado de Urgencia para Delitos Contra la Seguridad Vial

El precio base es cerrado: 980 € (IVA y Procurador de los Tribunales incluidos). Es el importe de los supuestos ordinarios; si el caso requiere más trabajo (por ejemplo, accidente con heridos, tramitación como juicio ordinario o interposición de recursos), el coste puede incrementarse, y siempre te lo comunicamos por escrito y por adelantado, sin cargos ocultos. Ofrecemos facilidades de pago.

Incluye los honorarios completos del abogado penalista especialista en seguridad vial, los derechos de representación del Procurador de los Tribunales, el 21% de IVA y toda la gestión administrativa del procedimiento urgente de guardia.

Sí, dispones de facilidades de financiación inmediata hasta en 12 meses. En caso de que la operación de financiación sea rechazada, aplicamos nuestro protocolo de salvamento 60/40: un 60% inicial para bloquear y activar el servicio urgente y el 40% restante a los 30 días.

Disponemos de un servicio de guardia 24/7. Tras activar tu solicitud, nos comprometemos a que un abogado especialista te contacte con la máxima urgencia, habitualmente en menos de 2 horas en horario laboral, o a primera hora del día si el incidente ocurre durante la madrugada.

Prestamos asistencia presencial de urgencia in situ en toda la provincia de Barcelona, ante los juzgados de guardia de sus 25 partidos judiciales, incluyendo la Ciutat de la Justícia, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa y Rubí.

Somos una firma jurídica colegiada dirigida por el letrado ejerciente Santiago Giménez Olavarriaga (colegiado ICAB nº 31.389). El pago de los honorarios queda retenido de forma segura en custodia y solo se libera al abogado asignado tras la celebración efectiva del juicio, con derecho a reembolso del importe si el abogado asignado no comparece.

La negativa a someterse a las pruebas de detección es un delito autónomo de desobediencia grave (artículo 383 del Código Penal). Conlleva de forma obligatoria penas de prisión de 6 a 12 meses y la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años, una sanción penal significativamente más severa que la del propio positivo de alcoholemia ordinario.

No de forma automática. La detección de sustancias en saliva acredita únicamente presencia, pero no influencia. Para que concurra delito penal, el atestado policial debe detallar síntomas objetivos de afectación psicológica o motora en la conducción. De lo contrario, se tramita como una infracción administrativa con multa de 1.000 € y detracción de 6 puntos. Autoridad Legal impugna de forma sistemática los atestados que equiparan la mera presencia residual con la influencia.

Se considera delito (artículo 379.1 del Código Penal) cuando el conductor excede el límite permitido en más de 60 km/h en vías urbanas o en más de 80 km/h en carreteras interurbanas. Cualquier exceso por debajo de estos umbrales objetivos se sanciona exclusivamente por vía administrativa ordinaria.

Es un delito penal contra la seguridad vial (artículo 384 del Código Penal) conducir tras haber perdido la totalidad del saldo de puntos de la DGT, por estar privado de licencia por mandamiento judicial, o por no haber obtenido jamás el carné. No obstante, circular con el permiso caducado por falta de renovación psicotécnica o poseer una licencia extranjera pendiente de homologar administrativa constituye únicamente una infracción de tráfico común.

No. La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor impuesta en sentencia judicial firme es continua, absoluta e ininterrumpida las 24 horas del día. El ordenamiento penal español prohíbe de forma taxativa conceder licencias parciales o exenciones temporales para el ejercicio de actividades laborales o de reparto. Dado que perder el permiso puede habilitar a la empresa a un despido objetivo, nuestra firma valora agotar todas las vías de defensa —incluida la oposición en juicio ordinario cuando existe recorrido jurídico—, lo que además puede posponer la firmeza de la pena de privación del permiso mientras se resuelve el procedimiento.